El defensor del Pueblo, Fernando Cuesta, recordó que antes de que fuera aprobado el aumento del boleto, le advirtió al presidente del Concejo Deliberante sobre las sospechas que despertaba el estudio de costos. Sin embargo la medida se votó sin tener en cuenta las observaciones del organismo.
El defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Fernando Cuesta, reveló que horas antes de que fuera votado el último aumento del boleto, él mismo le advirtió al presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Saenz Saralegui, que el tema “merecía seguir siendo analizado” debido a la presunta existencia de diversas irregularidades en el estudio de costos cuyo contenido ahora está siendo investigado por la Justicia Federal.
“Saenz Saralegui me dijo que iba a poner mi inquietud a consideración de los concejales, pero evidentemente la decisión de aprobar la medida ya estaba adoptada porque el expediente igualmente se votó”, le dijo Cuesta a LA CAPITAL.
El funcionario recordó cuál fue el contexto en el cual el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza el pasado 29 de diciembre, precisando que ese día el municipio se encontraba rodeado por manifestantes que habían protagonizado incidentes en la vía pública.
Por un lado en las inmediaciones del Palacio había agrupaciones políticas y sociales que se pronunciaban en contra del aumento y por el otro choferes movilizados por la UTA, junto a jóvenes identificados con insignias y camisetas del Club Alvarado.
“Fue una sesión larga, durante la cual yo estuve presente y que tuvo un desenlace recién en horas de la tarde”, recordó.
Cuesta explicó que en aquél momento la Defensoría decidió intervenir enviándole una nota al presidente del Concejo para advertirle que el organismo había recibido denuncias sobre la presencia de “errores” e “inconsistencias” en el estudio de costos elaborado por el gobierno, en base al cual se fijó una tarifa de $7,97.
“Después de enviar esa nota me encargué de reforzar la advertencia a través de una llamada telefónica durante la cual le expliqué a Saenz Saralegui las dudas que había y le sugerí que el tema fuera analizado. El me respondió que lo iba a poner a consideración de las comisiones, pero no fue así”, señaló el funcionario.
Para Cuesta, el trámite se desarrolló de una manera “llamativamente rápida” ya que en un mismo día, el 19 de diciembre, el expediente obtuvo despacho en las comisiones de Transporte y de Legislación y una semana más tarde se trató en el plenario del Concejo.
“Ahora vemos que hay dos temas en discusión. Uno tiene que ver con que aparentemente la ordenanza no tuvo los votos favorables necesarios, lo que determinó que la Justicia ordenara suspender la medida. Pero por otra parte hay una denuncia en la que se investiga algún posible ilícito relacionado con la forma en la que se hizo el estudio de costos y eso fue lo que nosotros habíamos advertido”, comentó Cuesta.
“En este contexto nos vamos a acercar al juzgado que tramita esta causa para ponernos a su disposición y aportar los elementos que tenemos”, agregó el funcionario.
La nota de la Defensoría
La nota a través de la cual la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la presencia de “inconsistencias” en el estudio de costos había sido enviada al Concejo Deliberante el 27 de diciembre con la firma de los defensores Fernando Cuesta y Walter Rodríguez.
En ella el organismo puntualizó que en abril –cuando se produjo el último incremento tarifario– para el cálculo de costos “se utilizó una cifra de 36.126.476 kilómetros recorridos”, mientras que “en el actual pedido de aumento esa cifra bajó a 34.596.526”, es decir, “1.529.952 kilómetros no recorridos”.
Cuesta y Rodríguez recordaron que la ordenanza 16789 establece que se multará con 2000 boletos planos el incumplimiento de las frecuencias pautadas. “Esta diferencia, y tomando en cuenta que en el cálculo de costos se declara que cumplen la frecuencia 417 unidades, nos da un promedio de 30.599 vueltas menos que lo pactado en el cálculo de costos del mes de abril”, puntualizaron, y preguntaron si el Ejecutivo había multado a las empresas “por el incumplimiento de las frecuencias”.
Los defensores especificaron que en la foja 40 del expediente, donde se explicaba la incidencia de los subsidios nacionales, “está mal calculado el IVA (Impuesto al Valor Agregado) en los ítems 2 y 3”. Y aseguraron que también “están mal escritos los números de la suma aritmética”, lo que “se repite en la foja 41, donde nuevamente está mal calculado el IVA”.
En ese momento el organismo también había considerado “curioso que para el cálculo de costos que llevó el valor del boleto plano a 6,86 pesos” las empresas “declararon que las 417 unidades eran marca Mercedes Benz OF 1519, con un costo a febrero de 2016 de 2.090.000”, mientras que para el nuevo cálculo establecieron la misma cantidad de colectivos Mercedes Benz “pero modelo OF 1724, con un costo de 2.420.000 también a febrero de este año”.
“Dado que está claro que no se renovó la flota, concluimos que esto es un error”, concluyeron Cuesta y Rodríguez.